42.- El pucherazo electoral

foto: El prócer (y cacique) maragato Pío Gullón Iglesias

Era el pucherazo otro de los métodos de manipulación electoral usados principalmente durante el periodo de la Restauración borbónica para permitir el turnismo, la alternancia pactada previamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, dentro del modelo caciquil de dominación política local (sobre todo en las zonas rurales y las ciudades pequeñas). Fraude por antonomasia, para llevar a cabo la maniobra se guardaban papeletas de votación (por ejemplo en pucheros; de ahí la popular denominación), y se añadían o se sustraían de la urna  electoral a conveniencia para el resultado deseado (se hizo por los cargos municipales sagastinos de La Pola de Gordón en diciembre de 1880, y también en las elecciones locales de 1893 en Laguna de Negrillos). Otros métodos consistían en la colocación de las urnas en lugares de imposible o difícil acceso para los opositores o el amaño de las votaciones con lázaros (votos de fallecidos que, al menos sobre el papel, resucitaban como el de los Evangelios) y cuneros (electores que se inscribían irregularmente en una circunscripción que no les correspondía).

El control sobre los electores de los notables locales y la corrupción del sistema dificultaba tanto la lucha a los candidatos de oposición que éstos se retraen y dejan el campo libre a los aspirantes del gobierno. Eran frecuentes los sobornos, las invenciones para el desprestigio de los oponentes, las amenazas, los excesos de autoridad, la suplantación de firmas en las actas del escrutinio, y el ejército de agentes y delegados gubernativos recorriendo los pueblos en días de elecciones arrancando votos con dádivas de grano, vino o bacalao, y promesas que nunca se cumplían (el liberal Pío Gullón Iglesias sellaba en el distrito de Astorga elección tras elección idénticos compromisos de proveer campanas para iglesias o mazapanes de Toledo para rifas, y ya en la dictadura de Primo de Rivera se daba “la carnavalada de recorrer el candidato con su Estado Mayor pueblos a los que se ofrecía a cambio del voto una escuela, un camino, o un pozo artesiano, meta de sus aspiraciones desde hacía años, repitiéndose en cada sufragio las mismas peticiones y la misma oferta sin que jamás se vieran cumplidas tales aspiraciones”). O métodos más expeditivos: informa el diario leónés El Campeón el 14 de abril de 1886 de que el juez de La Bañeza puso en libertad unos días antes de las elecciones últimas a un alcalde procesado por robo en cuadrilla; también excarceló por entonces a 14 presos, electores muchos de ellos, parientes y allegados otros de gente con voto. Además, prendió el viernes antes de la votación al guarda mayor de los montes del duque de Uceda y al alcalde de barrio de Destriana, que eran amigos del candidato de oposición, aunque la prisión no fue muy larga, poniéndolos en libertad el día 4 de abril, domingo, después del escrutinio. 

Conseguido el triunfo, continuaba el engaño electoral con el reparto de prebendas y cargos entre los adictos y paniaguados y con la aplicación de las temidas cesantías en los empleos públicos, que se extendían hasta los estanqueros y los peatones postales y carteros rurales, y a las que, con sorna, se alude a veces en la prensa bañezana de la época, como se hace en el mensual El Jaleo de marzo de 1914 a cuenta de los cesantes Cástor; el sereno Vicente García (“Nanín”); Esteban el alguacil; Clemente, Porta y demás, que se consuelan de abandonar sus empleos, ya que “otros los dejaron antes para tomarlos nosotros”, como dejarían los suyos de empleados de la cárcel del Partido Braulio Fernández y Joaquín de la Huerga a primeros de 1916 para ser sustituidos por Adolfo Aguilar Sieteiglesias y Carlos Gil Casquete al pasar entonces la alcaldía a manos de Leopoldo de Mata Casado.

Irregularidades se darían también en las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1905 en ambos distritos del ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz y que llevaron a solicitar su nulidad, pues en el primero, el de Villanueva y Santa Elena, se suspendió la votación sin otro motivo que el temor del alcalde de que se derrotara su candidatura, y en el segundo, el de Jiménez, no se habría permitido acceder a los interventores a la mesa electoral ni votar a algunos electores, extendiendo después el teniente de alcalde el acta en una taberna y a su conveniencia, hechos que se denuncian ante la Comisión electoral de la provincia, que da por válidos los comicios y desatiende la reclamación.